La nueva ley laboral, ¿buena o mala?

La Reforma Laboral recién aprobada por la Cámara de Diputados y que aún está sujeta a “perfeccionamientos”, según afirman senadores,  puede resultar buena o mala, según los diferentes puntos de vista no sólo políticos, sino en relación a sus funciones estrictamente económicas y sociales, que es lo que en esencia interesa.

Yo partiría de tres preguntas fundamentales para saber con seguridad si la nueva ley laboral es justa o injusta, positiva o negativa,  para el pueblo de México:

1.- ¿Fomenta la inversión para crear nuevos empleos?

2.- ¿Salvaguarda los derechos de los trabajadores?

3.- ¿Promueve la democracia y la transparencia sindical?

Obviamente, los promotores de la ley, incluyendo al actual Presidente de la República, al PRI (centro) y al PAN (derecha) aseguran que el nuevo ordenamiento garantiza los tres puntos. Si esto es verdad, la ley es buena.

Sin embargo, hay sectores de la izquierda mexicana, que si bien están de acuerdo en el primer punto, es decir, en el fomento a la inversión, cuestionan que los derechos del trabajador y la democracia sindical no estén debidamente garantizados.

Aún cuando en las próximas semanas se apruebe esta ley, la discusión sobre su impacto económico y social se mantendrá por mucho tiempo, porque en ella se involucran cuestiones políticas e ideológicas, es decir, la lucha por el poder, que dicho sea de paso, jamás termina.

En estas circunstancias, una calificación certera puede tardar, porque ante todo hay que ver resultados.

Por lo pronto, puedo adelantar una opinión: Me gusta que la ley promueva la inversión, porque esto es indispensable para crear nuevos empleos y combatir la pobreza, pero me preocupan los derechos del trabajador, porque son conquistas históricas que costaron muchas vidas, entre ellas las de un millón de compatriotas durante la Revolución, y respecto al tercer punto me parece injusto y hasta peligroso que camarillas de líderes sindicales tengan hasta el descaro de dictar políticas nacionales que corresponden única y exclusivamente al Gobierno de la República, como es el caso de la educación.