Comercio informal, cuestión de orden

El problema del comercio informal en Guadalajara es ciertamente complejo, pero se le han dado demasiadas vueltas, sin llegar al fondo de las cosas. Lo cierto es que ningún gobierno municipal ha sabido resolverlo, y por lo contrario, crece desmesuradamente desde hace décadas.

Es necesario atacar desde luego los problemas estructurales que provocan la informalidad comercial, pero como esto sólo funciona a largo plazo, se requieren soluciones a corto y mediano plazo, que por lo menos frenen o alivien el desorden existente.

Empecemos por recordar las causas fundamentales del comercio informal:

La primera es la falta de oportunidades de empleo en el sector formal, con un salario remunerador y buenas condiciones de trabajo, sobre todo para los jóvenes.

La segunda es la complejidad de los trámites burocráticos para abrir una empresa y sus elevados costos, de suerte que los pequeños emprendedores se ven obligados a generar su propio empleo en la informalidad.

La tercera tiene que ver con el bajo poder adquisitivo de la población y sus magros ingresos laborales, de manera que muchos consumidores se ven también obligados a adquirir sus artículos de primera necesidad en el comercio informal.

El cuarto factor se relaciona con la debilidad del Estado de derecho en México, acentuada por la impunidad, la corrupción y la complicidad de las autoridades en la aplicación de las leyes que rigen, en este caso, la actividad comercial.

El problema, como puede advertirse, no es sencillo, pero tampoco insoluble. Lo grave es que si se pretende resolver por medios violentos, como en ocasiones se ha intentado, haciendo uso de la fuerza pública para desalojar a los comerciantes ambulantes de determinados lugares, pueden generarse conflictos sociales y políticos, porque el comercio informal representa en los hechos una válvula de escape que previene la ingobernabilidad. De esto se han aprovechado líderes y políticos que explotan la necesidad de los pequeños emprendedores ofreciéndoles protección a cambio de dinero y de votos.

Lo cierto es que la gente tiene derecho a ganarse la vida, y si no puede hacerlo por los medios formales, no le queda más remedio que recurrir a la informalidad.

Ante cualquier circunstancia la autoridad está obligada a mantener el orden público, y si los comerciantes informales se instalan en cualquier lugar en busca de clientes, afectando con ello derechos de terceros, es necesario reubicarlos, ¿pero en dónde?

En este caso, como principio de orden, hay que cambiar la idea de que el comerciante tiene que ir necesariamente en busca del cliente, es decir, al Centro Histórico, la zona de Obregón, la Avenida Chapultepec, etcétera. Lo importante es que el cliente vaya a donde está instalado el comerciante. Para ello los gobiernos municipales deben reubicar a los tianguistas en áreas especiales dotadas de los necesarios servicios públicos, con toda la promoción y el apoyo necesario para el éxito de sus negocios.